Así está establecido en el pro­yecto de ley que fue presen­tado hace dos semanas en la Cámara de Diputados, cuyo proyectista principal es el diputado colorado Arnaldo Samaniego y que se pretende aprobar a tambor batiente, de acuerdo con el diario La Nación.

El presidente electo, Mario Abdo Benítez, confirmó a su excompañero de colegio Alejandro Peralta Vierci, ex gerente de medios del Grupo Vierci, y sobrino del empresario Antonio J. Vierci, como la persona que estará al frente de este nuevo ministerio.

Según se lee en el capítulo IV del Régimen Económico del proyecto que crea el Micotic, en su artículo 16 referente al patrimonio de la institución, enumera cómo estará constituido. En el artículo 18 se menciona que el futuro ministerio absorberá el Fonted, que son recursos provenientes de los fondos destinados al sector de las “TICs” en la educación y la inclusión digital. Se aclara que forman parte del Fonted “…el 50% de los recursos afecta­dos al Fondo de Servicios Uni­versales, administrados por la Comisión Nacional de Tele­comunicaciones (Conatel)”.

Es decir, el Micotic absor­berá el 50% del Fondo de Ser­vicios Universales del ente regulador.

LAS CIFRAS

A juzgar por los números que actualmente maneja la Cona­tel en concepto de Fondo de Servicios Universales, en los últimos cinco años alcanzó los G. 215 millones. Dicho monto fue destinado a financiar diferentes proyectos sociales rela­cionados al desarrollo de las telecomunicaciones en dife­rentes municipios del país. De aprobarse el proyecto de ley en cuestión, el 50% de este monto será absorbido por Micotic.

OTROS CUESTIONAMIENTOS

El proyecto de ley que crea el Micotic, que fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legisla­ción, Obras y Comunicacio­nes, Presupuesto, y Ciencia y Tecnología, brinda una espe­cie de superpoderes a quien ocupará dicho ente estatal.

Propone que la Secretaría Nacional de la Información y Comunicación para el Desa­rrollo (Sicom) y la Secreta­ría Nacional de Tecnologías de la Información y Comu­nicación (Senatics), con su anexo de personal, pasen a formar parte de la nueva ins­titución como Viceministerio de Comunicaciones y Vicemi­nisterio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Además de esta fusión de dos ministerios, se suma otro punto en el llamativo proyecto presentado, el cual señala que la Conatel tiene como nexo con el Poder Ejecutivo a Micotic; ahora depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

LEGISLACIÓN SOBRE FONDOS UNIVERSALES

La Ley 642, en su Capítulo II, Artículo 97, creó el Fondo de Servicios Universales, el cual textualmente dice…

“Crea el Fondo de Servicios Universales que será administrado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con la finalidad de subsidiar a los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones en áreas que así lo justifiquen. La reglamentación de la presente ley establecerá los sujetos y condiciones de contribución a dicho fondo y definirá dichas áreas”.

Los objetivos del Fondo de Servicios Universales son indicados en el Reglamento del Fondo de Servicios Universales, el cual en su Art. 3º expresa textualmente:

a) Promover a través del financiamiento la expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de interés público y social.

b) Promover el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones de más paraguayos de manera eficiente, procurando servicios de calidad y precios razonables tomando en consideración los niveles de ingreso de la población beneficiaria.

c) Maximizar el beneficio económico en la dotación de los servicios de telecomunicaciones mediante la reducción de costos en la provisión de los servicios más básicos como salud y educación.

Las fuentes de recursos del Fondo de Servicios Universales, según el Art. 6 del Reglamento, son:

a) El 20% de los aportes abonados por las empresas operadoras por el concepto de Tasa por Explotación Comercial.

b) Aquellas asignaciones, donaciones, legados, transferencias u otros aportes, por cualquier tipo proveniente de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, que son destinadas al objeto del Fondo de Servicios Universales o que la Conatel determine.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó los fusiles y las piezas durante un control en una de las terminales del Silvio Pettirossi.

Refieren que actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegan desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente General de la Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautado una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.

“Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé”, expresó Olmedo a la radio 730 AM.

Los presuntos importadores de la carga fueron identificados y los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público para su intervención correspondiente.

En uno de ellos, le señala al fugitivo oriental, que tenía “buenos contactos” en la Fiscalía y la Senad, que “le bocinaban” operativos que se preparaban o iban a aplicarse en su contra.

Esa declaración, interceptada por la pesquisa fiscal-policial, confirma lo que era vox populi: que es extendida la práctica de que, propinas mediante, funcionarios de diversos estamentos, colaboraban con las agrupaciones criminales.

En el lado de Marset, en tanto, las “bocinas” en altas esferas tampoco era cuestión oculta. El año pasado se reveló la conexión directa de tres policías de Interpol con el mismo, gracias a la cual se desactivó desde Paraguay la orden de captura internacional que pesaba sobre Marset, lo que permitió a este movilizarse a nivel internacional sin ser detenido.

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La fiscalía presentó en la víspera acusación formal en contra de Tío Rico, por asociación criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El esquema criminal desmontado por el operativo A Ultranza Py, representó, inicialmente, el decomiso de bienes por alrededor de 250 millones de dólares de los marginales. Esto sin contar las perdidas de drogas.

El documento difundido por el Ministerio Público corresponde a un poder especial presentado por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci, bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez.

“Considero pertinente que el mismo sea peritado y analizado, conforme la investigación lo requiera, en exclusividad por los agentes fiscales correspondientes a la Fiscalía de Colombia, asignados a la causa, así como a los fiscales de los Estados Unidos de América, que, en el marco de la cooperación judicial internacional y la investigación conjunta entre ambos países, se encuentran interviniendo en el proceso”, refiere el documento.

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Días atrás a través de un comunicado, Claudia Aguilera, desmintió su oposición a la inclusión del celular de su esposo en la investigación. “Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, señaló.

Al respecto, Aguilera explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Sostuvo además que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

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Este lunes, en conferencia de prensa, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, dijo que un mes antes de la autorización a Colombia y EEUU, Cladia Aguilera había dado ese permiso a las autoridades paraguayas.

Doldán agregó que “Colombia tuvo todo el tiempo del mundo para peritar el teléfono y no lo hicieron”.